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Eximen de trámite burocrático a cooperativas bonaerenses

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Con la firma del ministro de la Producción Javier Tizado, queda sin efecto la Resolución N° 125/00 dictada por el entonces Instituto Provincial de Acción Cooperativa.
En lo que se considera una medida sin alcance económico por cuanto exime en adelante a las cooperativas de la Provincia de Buenos Aires del pago de un arancel para trámites, el gobierno de María Eugenia Vidal deja sin efecto una Resolución vigente desde el año 2000.
Así, trámites tales como autorización para funcionar, rúbricas, tasa general de actuación, entre otros -algunos de los cuales tenían un costo de diez pesos-, no incluirán dicho pago que constituía un obstáculo “para el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las cooperativas y de las personas que deseen constituir este tipo de entidades”, según reza en los considerandos. Es, en definitiva, una simplificación del trámite, aseguraron desde el movimiento cooperativo.
La fundamentación alude a que en el proceso de modernización de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires el pago de este arancel generaba inconvenientes en la gestión y los valores no resultaban representativos “por el proceso de depreciación que ha sufrido la moneda”.
Llama la atención que se invoque que “la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en el artículo 41 que la Provincia fomenta la organización y desarrollo de cooperativas”, cuando por decisión de la misma gobernadora María Eugenia Vidal, a partir de enero de 2018 las cooperativas están alcanzadas por el pago de ingresos brutos.
Ese artículo forma parte justamente del andamiaje jurídico utilizado por entidades cooperativas para solicitar ante la justicia bonaerense la derogación de dicho impuestazo.

FUENTE: FEDECOBA 04-12-2018 

 

COMUNICADO DEL COOPERATIVISMO ELÉCTRICO ACLARANDO EL ROL Y FUNCIONAMIENTO DE SUS ORGANIZACIONES

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Manifiestan “preocupación y necesidad de revisión de la decisión gubernamental dispuesta por la Resolución INAES 3442/2018 que establece facturar el servicio eléctrico de manera autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”. 
 
Las federaciones integrantes de la Mesa Interfederativa Provincial, junto a federaciones de otras jurisdicciones miembros de la Comisión de Agua y Energía de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) y la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (CONAICE), emitieron un comunicado manifestando la preocupación del movimiento por la visión errónea que se tiene desde la conducción del Poder Ejecutivo Nacional sobre el rol y funcionamiento de las cooperativas eléctricas; y, del mismo modo, para explicar los mecanismos democráticos que garantizan la transparencia de estas organizaciones; al tiempo que exponen los acuerdos realizados con los distintos actores de cada localidad, en especial municipios, para garantizar el financiamiento de servicios sociales de interés comunitario. El siguiente es el texto completo del comunicado
Peligran fuentes de trabajo y el tejido social de miles de pueblos del Interior
 
Las entidades abajo firmantes en representación de las más de 600 empresas distribuidoras de electricidad constituidas por dos millones de asociados/usuarios de quince provincias y que brindan servicios a casi 8 millones de argentinos, manifestamos nuestra profunda preocupación y necesidad de revisión de la decisión gubernamental dispuesta por la Resolución INAES 3442/2018 que establece facturar el servicio eléctrico de manera “autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”.
Sin adentrarnos en cuestiones jurídicas respecto a la procedencia de la misma, entendemos que atenta contra un sector de la Economía Social y Solidaria que, producto de una historia y desarrollo territorial ha dado solución a través del asociativismo a la prestación de multiservicios, garantizando la calidad de vida, el desarrollo local sostenible, la generación de trabajo genuino y el arraigo de millones de pobladores en el Interior profundo de nuestro país, y que tiene un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial.
Sin esos propios vecinos que constituyeron voluntariamente su empresa cooperativa para autoprestarse servicios públicos (energía, agua, cloacas, gas, internet) y sociales (sepelios, ambulancias, enfermería, entre otros) que hoy resultan esenciales para una vida digna, más de 700 pueblos en el Interior profundo de nuestra Nación habrían desaparecido o convertido en “pueblos fantasmas”.
Durante estas casi 100 años de desarrollo institucional y empresarial comunitario las cooperativas prestatarias de servicios públicos han sido socias estratégicas de los estados municipales, provinciales y nacional, cubriendo responsabilidades subsidiarias en muchos casos, y autogenerando empleo formal y proyectos de desarrollo local que han contribuido a fortalecer el tejido social de nuestras comunidades, de manera especial en tiempo de crisis como los actuales.
Merece destacarse que, en contraposición a una imposición tributaria del Estado en cualquiera de sus jurisdicciones, en nuestro caso el asociado/usuario decide voluntariamente requerir la prestación de un servicio adicional a su cooperativa (ambulancia, sepelio, etc.) y solicita voluntariamente que se la incluya en la factura del servicio eléctrico, como ítem totalmente discriminado de la misma, por lo que es totalmente identificable el concepto que se trate. Esa adhesión lleva ínsita la facultad de solicitar, en cualquier momento, la baja de dicho concepto o servicio.
En consecuencia, no advertimos en esto perjuicio, y menos aún  falta de transparencia que resulte en la necesidad de que el usuario sea protegido por el Estado por abuso de posición dominante del prestador, puesto que se trata de un servicio que se autoprestan los propios vecinos gestionando de manera democrática su empresa de servicios públicos y sociales.
Debemos alertar que nuestro sector viene sufriendo sistemáticamente distintas medidas –políticas, económicas, administrativas- quizás por desconocimiento de nuestras organizaciones, pero que significan un menoscabo para los derechos asociativos y esencialmente, para la economía y viabilidad de nuestras empresas y comunidades. Que esta medida conspira contra todo lo expuesto en párrafos anteriores porque atenta contra esa voluntad asociativa de sus integrantes y pone en serio riesgo, en principio, la continuidad de miles de puestos de trabajo directos e indirectos que giran en torno al cooperativismo de servicios, pero además la posibilidad del cese de importantes prestaciones que hoy se llevan a cabo. Ambas consecuencias significarán un debilitamiento del tejido social y comunitario que de algún modo se intenta proteger.
Este tejido comunitario está compuesto también por otras entidades intermedias (como Bomberos Voluntarios, cooperadoras de centros de atención primaria de salud, etc.) que solicitan la colaboración de las cooperativas para recaudar aportes voluntarios de sus asociados. Es muy posible que en virtud de lo dispuesto puedan sufrir complicaciones financieras que imposibiliten sus normales prestaciones, las cuales inexorablemente deberán ser cubiertas por el Estado.
Con pesar, consideramos que en esta decisión gubernamental no se dimensiona adecuadamente la naturaleza jurídica de nuestras organizaciones ni el daño que esta medida pueda provocar a los propios usuarios de los servicios públicos que se intenta defender y, por derrame, el que le provoca a los pueblos del Interior de nuestro país.
Abogamos para que esta medida sea revisada, reivindicando la voluntad de los habitantes del Interior de nuestro país que de manera organizada, con convicción, esfuerzo propio y ayuda mutua han resuelto autoprestarse servicios esenciales.
Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar)
Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad (Conaice)
Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Face)
Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (Apeba)
Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba)
Consejo Regional de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Face Córdoba)
Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor)
Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos (Fescoe)
 
FUENTE: FEDECOBA 29-11-2018 
 

EMBESTIDA CONTRA LAS COOPERATIVAS

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El Presidente lanzó un inesperado ataque contra las cooperativas eléctricas y le arruinó una carta de negociación al Gobierno bonaerense, complicado en sus intenciones de aprobar el Presupuesto por el rechazo homogéneo de los intendentes del PJ.
 
Por Eduardo Médici – Una inesperada catarsis tuitera de Mauricio Macri provocó una ola de lamentos en toda la Provincia de Buenos Aires, con epicentro en Calle 6. Es que el Presidente arremetió ayer contra las cooperativas eléctricas, al ordenar mediante el  Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que cobren por separado los conceptos que suelen incluir en la factura de electricidad.
En Buenos Aires operan unas 200 cooperativas que le dan luz a cerca de un millón de usuarios, especialmente allí, donde el negocio no es rentable para las grandes distribuidoras eléctricas. Prestan, además, “servicios sociales” incluyen sepelios, traslados en ambulancia y otras prestaciones que muchas veces la Provincia y los Municipio no brindan, con lo cual se convierten en grandes aliados para las gestiones locales. Para mejorar su cobrabilidad, incluyen esos adicionales en la factura de luz. La resolución del INAES les pega de lleno y genera más tensión con los intendentes, especialmente los del peronismo.
“Es una medida importante para los usuarios. Antes de esta decisión podían sufrir cortes por falta de pago de conceptos que no estaban relacionados con el suministro de energía”, celebró el Jefe de Estado desde su cuenta de Twitter, donde no dejó lugar a dudas: “ahora van a poder abonar por separado el consumo y tener claro qué cobra la cooperativa como adicional”.
Es que el Gobierno bonaerense impulsó a lo largo del año una medida similar, pero terminó suspendiendo su aplicación terminó suspendiéndose, justamente por pedido de los intendentes, hasta el primero de enero de 2019. Vidal pedía que las facturas de servicios “lleguen limpias” y para eso eliminó los decretos que establecían contribuciones provinciales y municipales, pero además los “servicios extra” que prestan varias cooperativas.
La decisión generó un hondo malestar en los intendentes, que advirtieron que iban a tener que llevar a cabo readecuaciones presupuestarias para hacer frente al flujo de recursos que perderían. Vidal atendió ese reclamo y, mediante una resolución del organismo de control –OCEBA-, dispuso que las boletas limpias lleguen desde el 1 de enero, “para que los intendentes tengan tiempo de planificar para el año que viene como van a manejarse”.
En el interín, Vidal recibió de la Nación un “presente griego”: la obligación de hacer frente a subsidios al transporte y a la energía por unos 34 mil millones de pesos. Imposibilitada de afrontarlos sin ingresos extra, trasladó parte de esas obligaciones a las comunas. Los intendentes expresaron un rechazo rotundo y buscaron una instancia de negociación. Pero, gracias a la intervención de Macri, ahora tienen más motivos para enojarse.
“Con esto, Macri embarra toda la negociación con los intendentes”, le dijo a INFOCIELO una fuente cercana al Gobierno provincial que se hizo eco de la versión que aseguraba que la inclusión de los “servicios sociales” en la factura podía ser una concesión de la Provincia a los municipios, en pos de destrabar la ley de leyes.
La ecuación es simple: si baja la “cobrabilidad” de los servicios sociales que prestan las cooperativas, esos servicios se van a resentir. Los reclamos de los vecinos se dirigirán entonces a los intendentes que, por su parte, tendrán menos recursos para compensar.
Pero eso no es todo: los cooperativistas afirman que, tras varios pedidos, había voluntad en el Gobierno provincial para permitir que los servicios sociales se sigan cobrando en la factura de luz. Esa temática se abordó a lo largo de la semana pasada junto a autoridades provinciales. Algunos cooperativistas consultados por este portal aseguraron que las gestiones estaban avanzadas y que incluso se trabajaba en un proyecto específico que puede caer en saco roto, porque Vidal queda atada de manos ante la intervención del INAES.
Ahora, tanto la Provincia como las cooperativas le apuestan a un recurso al que Macri suele echar mano: la marcha atrás.

FUENTE: FEDECOBA 23-11-2018 

 

ESTÁ EN MARCHA LA INSTALACIÓN DE NUEVOS PARQUES DE ENERGÍA SOLAR EN LA PROVINCIA

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Ya se encuentra en marcha el proceso licitatorio en la provincia de Buenos Aires para construir 20 nuevos parques solares fotovoltaicos en zonas estratégicas que, en un principio, beneficiarán a pequeñas localidades.
 
Estas centrales de energía renovables generarán entre 200 y 500 kWp con el objetivo de conseguir reemplazar las centrales diesel que funcionan en la actualidad.
Las futuras instalaciones serán parques solares de pequeña escala, que se instalarán en sectores estratégicos del territorio bonaerense, como “puntas de línea” para lo cual se realizarán estudios de suelo y de impacto ambiental.
Si bien inicialmente había 50 puntos identificados para instalar las celdas solares, el Gobierno decidió elegir 20.
Según trascendió de fuentes oficiales, “el proceso de selección estuvo guiado por dos factores principales. Por un lado, que la mini central fotovoltaica se instale preferentemente en zonas de puntas de línea de la red de distribución eléctrica, sobre todo, en lugares donde se pueda reemplazar el uso de motores diesel, caros y contaminantes. Por otro, que las distribuidoras o cooperativas no tengan deudas con el fideicomiso Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (Proinged), programa de gestión público/privada representado por el Ministerio de Infraestructura y Freba”.
Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires, ya se adjudicaron seis parques solares por 2,3 MW bajo este criterio. No obstante, cinco de ellos están en funcionamiento y uno está pronto a hacerlo.
En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con ocho parques solares que están operativos, entregando energía renovable a la red eléctrica: Parque Espigas (Olavarría), Parque Recalde (Olavarría), Parque Samborombón (Brandsen), Parque Barrio Procrear (San Nicolás), Parque Arribeños (Arenales), Inés Indart (Salto) y Parque El Triunfo (Lincoln) que producen 4.000 mW/h y benefician a más de 2.000 familias.
Respecto de las nuevas localidades beneficiadas con el nuevo proyecto que ya está en marcha, estas son: Agustina (Junín), O’Higgins (Chacabuco), El Dorado (Alem), Quiroga (Lincoln), Bayauca (Lincoln), Iriarte (General Pinto), Villa Maza (Adolfo Alsina), Ameghino (Ameghino), Martínez de Hoz (Lincoln), Carlos Tejedor, Cazón (Saladillo), Lezama, Huanguelén (Coronel Suárez), Oriente (Coronel Dorrego), Tres Algarrobos (Carlos Tejedor), Pirovano (Bolívar), De la Garma (Adolfo Gonzales Chaves), Villa Iris (Puan), Mechongué (General Alvarado) y Aguirre (Tandil).

 FUENTE: FEDECOBA 20-11-2018 

 

RECLAMO CONTINENTAL POR LEYES QUE FAVOREZCAN A LAS COOPERATIVAS

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Legisladores de distintos países piden un tratamiento impositivo que respete su naturaleza jurídica.
 
Un tratamiento impositivo que reconozca su carácter de empresas al servicio de las aspiraciones sociales, económicas y culturales de sus asociados, y que facilite la formación de su patrimonio social.  Ese es uno de los compromisos asumidos por legisladores de distintos países del continente, de acuerdo con una declaración emitida el 23 de octubre en el marco de la V Cumbre Cooperativa de las Américas. Allí también se propusieron comenzar a funcionar como Foro Interparlamenario de la Economía Solidaria de las Américas.
Otro de los puntos acordados por los parlamentarios es la promoción de una legislación cooperativa que respete su naturaleza específica, reconociendo como orientación la Ley marco para las cooperativas de América Latina adoptada por el Parlamento Latinoamericano.
Además, se comprometieron a facilitar la implementación de la Recomendación 193/2002 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la promoción de las cooperativas, así como promover el desarrollo de estas empresas para el cumplimiento de la Agenda 2030 referida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los legisladores citaron, finalmente, un informe presentado por el Secretario General de Naciones Unidas el año pasado en el cual se define que “los gobiernos deben reconocer a las cooperativas como asociados para el desarrollo, al tiempo que valoran y apoyan su contribución a la comunidad y a la sociedad en general”.
Ese documento indica también que “los gobiernos deben invertir en la renovación de la legislación en materia de cooperativas, especialmente en las esferas del acceso al capital, la competitividad y la tributación justa”.
La declaración de los parlamentarios, que recoge de este modo diversas manifestaciones de organismos internacionales a favor de las empresas de la economía solidaria, se dio a conocer en días previos a la sanción del Prepuesto 2019, que incluye un aumento del gravamen sobre el patrimonio para las cooperativas y mutuales, lo cual motivó el rechazo unánime de las entidades sectoriales.

 

FUENTE: FEDECOBA 16-11-2018 

 


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